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Testimonio 87
El Reclamo Social del Perú Profundo
México 2006
De la democracia política a la democracia integral
Por Luis Ibáñez Hernández - Director de la Fundación Rafael Preciado Hernández
La democratización de México ha traído una suerte de beneficios macropolíticos que, junto con los macroeconómicos, no han sido suficientes para atenuar una serie de rezagos sociales e históricos. Es que, aunque la democracia política nunca ofreció lograr al mismo tiempo la democracia económica ni la social, todos quisiéramos que así fuera.
En el sexenio de Vicente Fox se hizo mucho por generar las condiciones para el desarrollo socioeconómico, pero faltaron empresarios y emprendedores sociales que aprovecharan estas condiciones. Por tal razón, y a pesar del esfuerzo de seis años, aún resta mucho por hacer para lograr una democracia que abarque los ámbitos político, social y económico. Dicho de otro modo, una democracia integral.
En México hemos asistido a una verdadera transición política desde el autoritarismo hacia una “democracia procedimental”, en fases tan graduales que se cuentan por décadas. Por otra parte, el proceso no ha sido a través de un pacto de elites sino vía acuerdos estrictamente electorales. Lo anterior puede explicar una moderada efusión del pueblo hacia una democracia que se fue desarrollando lentamente. Quizás también lo anterior haya dado lugar a la estridencia mediática de los políticos, más que a una búsqueda de consensos. La “democracia procedimental”, no obstante y en general, se porta bien.
En lo económico, México lleva 20 años aplicando algunas de las recetas del llamado “consenso de Washington”. Nunca la inflación ha estado tan controlada (al grado de que el salario real empieza a recuperarse después de décadas de pérdida); el país exporta a tasas récord a nivel mundial y la inversión extranjera directa no tiene comparación con otros países del área. El gasto público ofrece superávit y, por primera vez en decenios, el peso mexicano carga con el carácter de “moneda dura” por su estabilidad cambiaria en los últimos años.
Pero, ¿qué tiene que ver la democracia política con la democracia económica y social? Quizás solamente la posibilidad de moverse con libertad, que no es poco. Pero difícilmente la democracia política genera por sí misma desarrollo económico y social, mucho menos para la gran cantidad de habitantes de un país como México. Por lo pronto, esa es hasta hoy nuestra experiencia. No hay correlación positiva entre la democratización política y un proceso similar en el ámbito socioeconómico.
Pero volviendo a las ventajas de la democracia política, recordemos que no hace mucho la ciudadanía sufría persecución por asociarse. Ahora, sin embrago y a pesar de una cantidad importante de nuevas asociaciones favorables al civismo y a la solidaridad, abundan las redes criminales y las manifestaciones antidemocráticas. Por lo menos las últimas (Chiapas 1994 u Oaxaca 2006), ocupan más espacio en los medios generando una imagen por demás equívoca de la paz que se vive en la mayoría de las regiones del territorio nacional.
La libertad de prensa es muy reciente y aún inexistente en algunas zonas. Al tiempo que los medios realizan críticas muy desaforadas, el número de periodistas muertos o vejados aumenta estrepitosamente. Jamás hubo tantos homicidios en el gremio periodístico. La asociación A Favor de lo Mejor en los Medios, formada por personajes con destacados capitales políticos y económicos, confiesa su fracaso en el cabildeo que por años han desplegado ante los grandes dueños de cadenas nacionales privadas con el fin de mejorar los contenidos televisivos.
El sistema de partidos mexicano es uno de los más estables de Latinoamérica, y el Instituto Federal Electoral, de manufactura ciudadana, exporta tecnología a otros países; pero, por otra parte, bajo el mismo marco legal se permite la formación de mini partidos que, en gran medida, son propiedad de un pequeño grupo o incluso de una familia, que disfruta de un amplio presupuesto público y de tiempos en medios electrónicos con facturaciones millonarias.
La macroeconomía y la macropolítica van bien. El problema está en otro lado, el asunto tiene que ver con las instituciones que conforman un Estado débil, que paradójicamente en un tiempo fue obeso y ahora se muestra torpe e indefenso. El Estado mexicano tiene debilidades y fronteras muy concretas (en este sentido no es sino un ejemplo de lo que sucede con otros estados latinoamericanos).
Este hallazgo empírico de las nuevas elites gobernantes “panistas” era anteriormente solo patrimonio de unos cuantos científicos sociales. De hecho se pensaba que el Estado mexicano era uno de los más fuertes del mundo y que llegaba a todos los rincones del país. Por sanidad intelectual y política, el diagnóstico de un Estado débil hoy es cada vez más compartido por la clase gobernante.
Frente a asociaciones delictivas que le llevan la delantera en activos, tecnología y presupuesto, el Gobierno no atina a contener una creciente ola de tráfico hormiga de estupefacientes. Las fronteras son porosas, lo mismo para los oficiales de aduanas que para los servicios de inmigración. Las mafias a lo largo del territorio mexicano están mejor organizadas. que las autoridades de los estados que conforman la federación. Un Estado que no controla sus límites y que no ejerce el monopolio de la coacción física no es teóricamente un Estado.
Pero la debilidad de la estructura estatal no se registra únicamente en los cuerpos policiales. Habría que revisar que México es uno de los países con menor porcentaje de recaudación, incluso comparado con países del sub continente como pueden ser Guatemala, Perú o Brasil. En este sentido, México no es tampoco un Estado pues falla en las mínimas características de la definición clásica, incluso desde una perspectiva minimalista. La estructura del Estado mexicano es incapaz de cobrar impuestos, por lo tanto de dotar de servicios básicos a sus habitantes (correo, comunicaciones y transportes en el tercer país a nivel global con la orografía más accidentada, después de Suiza y Nepal).
Ahora, si repasamos algunos conceptos del llamado “Estado providencia” o “benefactor” en alguna de las vertientes social demócratas o demócrata cristianas (Suecia, Alemania, Italia o España), o incluso en ejemplos anglosajones demócratas liberales (Estados Unidos o Inglaterra), nos daremos cuenta de que México queda aún más lejos de representar un modelo de Estado fuerte.
En sus mejores momentos (1970), la cobertura social apenas alcanzó el 40% de la población económicamente activa (PEA). Actualmente ese porcentaje quizás sea menor a pesar de esfuerzos significativos como el aumento del presupuesto social en el gobierno panista de Fox. En cuanto a la vivienda, nunca se había hecho más que en estos últimos seis años y, sin embargo, aún no se ha llegado al 50% de atención. En salud, los datos son alentadores ya que actualmente es difícil encontrar ciudadanos que carezcan de las vacunas indispensables. En educación, el despliegue de equipo humano y de infraestructura es casi completo. Los resultados, no obstante, dejan mucho que desear.
Sin duda, el programa Oportunidades que dota de salud, alimentación y educación a la población menesterosa, ha avanzado en sus objetivos. Pero los pobres se siguen contando por millones (20 en situación de miseria o que carecen de alimento cotidiano, y 30 en situación de pobreza que no disponen de sustento básico) y el programa no contempla graduaciones superiores que permitan abatir la pobreza a través de la generación de capacidades productivas.
El sistema financiero mexicano parece haber regresado en las últimas décadas a los tiempos posrevolucionarios de los años veinte: el crédito es para unos cuantos (15 % de la población) y los bancos pertenecen a compañías extranjeras. A pesar de ello, el manejo prudente de las variables macroeconómicas permite esperar un repunte en la actividad y que en los años por venir México recupere el crédito consigo mismo.
Volviendo a nuestra tesis, este gobierno surgido del Partido Acción Nacional (PAN) puso verdaderamente énfasis en el establecimiento de bases sólidas macropolíticas y macroeconómicas para el desarrollo. De hecho, no era ni es conveniente que el Gobierno haga lo que debe realizar la sociedad organizada. Algunas voces se pronunciaron por una mayor intervención del gobierno federal tanto en la economía como en la política. El presidente Fox, no obstante, se empeñó en dejar espacios libres para el ejercicio de la iniciativa personal y colectiva de los mexicanos.
El sexenio por venir, una vez que los mexicanos eligieron por escaso margen a Felipe Calderón Hinojosa -rancio y destacado panista-, presenta grandes oportunidades para los liderazgos que trabajan por el bien común, pero también para aquellos que buscan solo su beneficio, incluso en contra de la ley y la moral.
La expectativa es que Felipe Calderón profundice el fortalecimiento institucional del Gobierno y afine el diálogo con el poder Legislativo. Sin embargo, esto no será suficiente si los mexicanos no ejercen la potestad de construir desde abajo una democracia integral, es decir un Estado fuerte en conjunto y armonía con sus autoridades.
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