|
Testimonio 87
El Reclamo Social del Perú Profundo
Visión crítica del proceso
EL SHOCK DESCENTRALIZADOR: ¿UNA FRUSTRACIÓN MÁS?
Por Jorge Lira Torres - Economista
Como parte de los anuncios espectaculares hechos por el Presidente de la República Alan García Pérez, hemos sido notificados del gran “shock descentralista”, que comprende 20 medidas que supuestamente fortalecerán la descentralización del país. En realidad, la mayoría de ellas son discriminatorias, algunas serán imposible de concretar y, en general, constituyen nuevos incentivos al desarrollo desigual del país, pues insiste en la consolidación de los 25 espacios geográficos en los que se han instalado “gobiernos regionales”, entre los que existen evidentes diferencias abismales en cuanto a recursos naturales, capacidad productiva y potencialidades de desarrollo sostenible.
Continúa en suspenso el paralizado proceso de regionalización y se mantiene el sistema normativo que, entre otras cosas, ha retrasado todos los anuncios de transferencias de funciones y recursos, por la vigencia de la Ley 28273, que norma el Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. En aplicación de esta norma, todos los gobiernos subnacionales están obligados a acreditarse para ser sujetos de dichas transferencias, para lo cual tienen que cumplir con la presentación de un voluminoso expediente que certifique en forma obligatoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Contar con sus respectivos Planes de Desarrollo debidamente concertados mediante comprobados eventos de participación ciudadana.
b. Tener aprobado su Plan de Desarrollo Institucional, incluyendo planes de desarrollo sectorial.
c. Tener aprobado su Plan Anual de Presupuesto Participativo.
d. Contar con un Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de gestión de las competencias por transferir.
e. Actas de instalación de las sesiones de los Consejos de Coordinación Regional o Local.
f. Demostrar fiel cumplimiento de las normas de prudencia y transparencia fiscal contenidas en la Ley de Bases.
g. Contar con un Plan de Participación Ciudadana.
h. Haber conformado una Agencia de Promoción de Inversiones.
i. Tener aprobado un Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto Analítico de Personal, Reglamento y Manuales de Organización y Funciones, Ejecución Presupuestal de ejercicios anteriores, Presupuesto de Inversiones con los recursos transferidos del FONCOMUN, etc.
De la información recogida se sabe que algunos gobiernos regionales no han completado toda la información requerida. Gran parte de las municipalidades provinciales se hallan en proceso para superar estas restricciones y la gran mayoría de municipalidades distritales, sobre todo las del medio rural, están imposibilitadas de cumplir con estos exagerados requisitos, porque no tienen personal calificado y carecen de recursos para contratar expertos en estos temas. En consecuencia, una parte importante del territorio nacional quedará excluida de los “beneficios” de las medidas recientemente anunciadas, tratándose justamente de las zonas que concentran los niveles más dramáticos de pobreza extrema.
Del análisis detallado de las medidas “descentralistas” anunciadas por el Gobierno podemos comentar lo siguiente:
- Se ha promulgado el Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, que dispone que a diciembre del 2007 se concluirá la transferencia a los gobiernos regionales de 185 funciones sectoriales. Será posible que los miles de trabajadores que hoy atienden estas funciones desde Lima, sean transferidos a las regiones, sean cesados o sigan trabajando en Lima con “otras funciones”.
- Se anuncia (sin haberlo decretado) que al 31 de diciembre del 2007 se concluirá con la transferencia a los gobiernos locales de los proyectos de infraestructura social y productiva de FONCODES, primera etapa del INABIF, Wawa Wasi y del Programa contra la Violencia Familiar y Sexual. No se menciona las decenas de otros programas que todavía dependen de la PCM.
- Se anuncia que se transferirá a los gobiernos regionales las acciones de algunas empresas de servicios eléctricos para Arequipa, Ucayali y Puno. ¿Las demás empresas de este sector se reservan para el Gobierno Central?
- Se anuncia que se transferirá igualmente sólo algunas de las instalaciones deportivas de propiedad del IPD a la municipalidad de Bagua, a los gobiernos regionales de Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Pasco. Habiendo muchos escenarios deportivos distribuidos en todo el país, no se explica por qué se han excluido de esta medida.
- La transferencia de la gestión de la atención primaria de salud y la gestión de los centros y programas educativos primarios a las municipalidades, se anuncia que se concretará a partir de enero del 2007, pero sólo en programas piloto, sin haberse precisado quiénes serán los “privilegiados”.
- Se ha dicho que a partir del 2007 los gobiernos locales ejecutarán la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial de nivel local, utilizando por primera vez recursos de endeudamiento externo a través del Programa de Transporte Rural Descentralizado. Esto es inexacto porque desde el 2000 han funcionado con éxito los Institutos de Vialidad Municipal, manejando recursos transferidos por el Ministerio de Transporte para la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales, que actualmente están paralizados.
- Se ha anunciado que se exonerará a las municipalidades distritales del pago del IGV por las obras de saneamiento, pavimentación de pistas y veredas y electrificación. Esta medida no se hace extensiva a los gobiernos regionales ni a las municipalidades provinciales, que siendo parte del Estado están obligadas a pagar impuestos al mismo Estado, para que este nuevamente restituya dichos recursos a través del FONCOMUN, el FONCOR y otras transferencias.
- Se exonerará del Impuesto a la Renta a las empresas industriales que se establezcan en zonas ubicadas por encima de los 3.200 m.s.n.m. Salvo las actividades mineras, es muy difícil instalar actividades industriales en las zonas precisadas, porque los costos que debe asumir cada empresa en vías de acceso, traslados de energía, disponibilidad de insumos y otros servicios básicos, con toda seguridad superará largamente el monto exonerado por el citado impuesto.
- Se ha anunciado muy genéricamente que se reformulará el Plan Nacional de Regionalización. Se reincide en el error de prescindir de los aportes y las opiniones de quienes representan a las regiones, imponiendo metodologías que pueden ser nuevamente rechazadas en el correspondiente referendo. Asimismo, se declara que el 2007 se pondrá en marcha al menos una “región piloto”, a la que se dotará de recursos, incentivos y asistencia; esto significará profundizar el desarrollo desigual del país y crear “derechos adquiridos” para zonas que luego se negarán a compartir sus beneficios con sus vecinos más pobres.
- Se anuncia un proyecto de Ley para que las municipalidades provinciales formen parte de las Juntas de Coordinación Interregional en el proceso de integración de los departamentos. En este caso también se insiste en optar por el error de considerar a los departamentos como “unidades geoeconómicas” en el proceso de conformación de regiones.
- Se anuncia que a partir del 2008 se pondrá en marcha un régimen fiscal para fortalecer la captación y distribución de los mayores recursos del IGV. Como es poco probable que hasta esa fecha se hayan constituido las regiones, esta será una forma más de consolidar la existencia de los 24 departamentos.
- Habrá un Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Evaluación de Resultados, como prerrequisito para la transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos regionales. Esta será una justificación más para concentrar las transferencias sólo en los departamentos que tienen mayor desarrollo relativo.
- Se anuncia la transferencia de 1.664 equipos agrícolas y maquinaria pesada, pero sólo a los gobiernos regionales de Puno, San Martín y Junín. ¿Cuál habrá sido el criterio para seleccionar a estos departamentos?
- Se ha promulgado la Ley que crea el programa “Sierra Exportadora”, cuyo objeto será coordinar y promover planes de negocios y proyectos productivos para generar exportaciones, como una forma de combatir la extrema pobreza. Está demostrado que sólo es posible exportar si se logra adecuados niveles de competitividad de los productos que se ofrezca. Esperemos que este Programa permita a los productores de la sierra superar esta ancestral limitación.
Es preocupante que las medidas anunciadas no hagan ninguna mención a la conformación que tendrá el Consejo Nacional de Descentralización (CND), ni a los procedimientos que este organismo debe emplear para buscar consenso nacional en sus decisiones; sólo se anuncia que serán sancionadas y aplicadas desde el Gobierno nacional. De este modo se reafirmará el carácter vertical e impositivo del proceso de regionalización del país que, sin embargo, tendrá que someterse a la consulta ciudadana mediante un referendo para su aprobación final, como lo manda la Constitución.
Arequipa, noviembre de 2006
[ Ediciones
Anteriores ] |
