|
Testimonio 87
El Reclamo Social del Perú Profundo
La Iglesia y la política minera
Por Armando Borda Herrada Abogado
En agosto de 2005, un reconocido empresario publicó un artículo en la página editorial de uno de los diarios más importantes del país, donde expresó su punto de vista en relación al tema que titula esta nota.
Indicó allí que los católicos del mundo, que superan los mil millones de personas, son en el Perú 20 millones, es decir, la inmensa mayoría de peruanos; se refirió también a los graves problemas que aún se presentan en el desarrollo minero. Cito: “…donde lamentablemente un grupo aislado de sacerdotes católicos y algunos obispos estarían utilizando indebidamente a la Iglesia en temas netamente económicos y políticos y sin tener claro que para salir de los altos índices de pobreza, que superan el 50% de nuestra población es necesario atraer y apoyar las inversiones que son las únicas generadoras de trabajo”.
Continuaba: “Lo deplorable de este grupo es que al no haber asimilado estos simples y básicos conceptos del mundo moderno globalizado, está, inclusive, actuando en contra de los principios de su propia religión que aspira a lograr igualdad y mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes del mundo”.
En dicho artículo, el empresario exigía al Gobierno tomar “medidas drásticas” contra instituciones y políticos que, a su parecer, actuaban en desmedro del desarrollo del país; e incluso solicitaba que la Iglesia debió haber “colaborado” interviniendo en ese “grupo aislado de sacerdotes y obispos”, supuestamente enemigos del orden y la estabilidad económica de la nación.
En nuestro medio el tema de la minería está permanentemente en debates, sus innumerables beneficios, implicancias y dificultades que ocasionan estas inversiones generan la participación de diversos actores de la sociedad, así como la atención de la opinión pública.
No debemos olvidar que para el mundo católico existe la referencia de la enseñanza social-católica, que es un conjunto sistemático de principios que sirve al laico para iluminar su acción social, política, y en todo ámbito del quehacer humano. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) señala directamente qué cosas son fundamentales para los creyentes y define su conjunto de criterios a partir del Evangelio para orientar el discernimiento de los creyentes en una situación social determinada. Siendo el hombre lo principal, su obligación es defenderlo. El sacerdote, en función de ello, no hace otra cosa que cumplir tal precepto.
Por ello, las afirmaciones del empresario nacional demostraban, en todo caso, un total desconocimiento de la DSI, la cual inequívocamente señala sus principios elementales a partir de las enseñanzas del Evangelio.
Sobre este tema puntual de la Iglesia y las políticas mineras, debemos decir que, efectivamente, el tema de la minería es uno de los tantos que se han generado en el país, en atención a su desarrollo y buenos resultados en términos económico-financieros para las empresas que se dedican a este rubro y que contribuyen al crecimiento económico del país. Pero además, están las consecuencias que este desarrollo tiene para las comunidades cercanas a los centros mineros, ya sea en su impacto ambiental y, más aún, en la vida de las propias comunidades de la zona.
Si bien es cierto algunas empresas tienen responsabilidad social, se preocupan seriamente del desarrollo regional, otras se muestran indiferentes y más bien tienen prácticas para hacerse de tierras de comuneros, donde precisamente se encuentran tales riquezas, pagando por ellos precios que frecuentemente no son los más justos.
De igual manera, el tema del impacto ambiental, así como las relaciones de estos centros de producción con la gente, no se han venido dando de la mejor forma. Todo ello ha suscitado desencuentros que lamentablemente -en algunos casos- se han dado en preocupantes contextos de violencia general.
Ante ello, la Iglesia no puede sentirse ajena. Eso lleva necesariamente a sacerdotes que por su propio trabajo pastoral están presentes en las zonas problemáticas, a intervenir y pronunciarse, acompañando a su feligresía. Se entiende que el obispo o pastor no pueden ser indiferentes, porque su Iglesia, que es la iglesia de la mayoría de peruanos, tiene un doble deber con su comunidad: un deber moral y un deber social.
Así tenemos el caso del Arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, quien tiene dentro de su diócesis al centro minero La Oroya. Este centro genera un alto índice de contaminación ambiental, lo que viene afectando gravemente la salud, especialmente de los niños de la zona. Por ese motivo, Monseñor Barreto se ha visto obligado a pronunciarse para que la empresa cumpla con las exigencias de control y calidad de la explotación de los recursos mineros. Tal actitud no cuenta necesariamente con la comprensión de la gente y de las autoridades, ya que enfrenta a muchos intereses que serán afectados si se cumplen dichas exigencias sanitarias.
En otras partes del Perú la situación es similar. Ello obliga a las autoridades eclesiales, sacerdotes y laicos a participar y manifestarse en defensa de las personas cuya dignidad y derechos son afectados por acciones o intereses diversos a los que no importa arrasar con el equilibrio ambiental con tal de conseguir sus objetivos.
No debemos de olvidar que en otras latitudes la Iglesia ha actuado en defensa del bien común, de la libertad y los derechos humanos, como en el caso del sindicato Solidaridad en Polonia, que estuvo siempre acompañado de la labor pastoral eclesial; asimismo en Chile la Vicaría de la Solidaridad jugó un papel en defensa de los derechos humanos en plena dictadura de Pinochet.
Los empresarios legítimamente tienen distintos organismos que los representan y defienden. Los campesinos y pobladores rurales muchas veces están desamparados de todo apoyo y recurren a la Iglesia para que los escuchen.
Mal se hace en afirmar que la Iglesia no puede opinar, o que un sacerdote u obispo o cualquier laico no puede hacerlo; sobre todo cuando es legítimo que la Iglesia y su feligresía opinen sobre cualquier asunto que involucre a la defensa y respeto del hombre.
De la misma manera, las empresas mineras, el estado y la sociedad civil deben de buscar puntos de encuentro para armonizar políticas de desarrollo que favorezcan a la inversión privada pero que también tomen en cuenta el bienestar de la gente y el respeto al medio ambiente, que seguro tendrá el apoyo de la iglesia.
A propósito del debate del rol de las ONG, Rafael Valencia Dongo ha escrito en el diario La República un interesante artículo que concluye con estas palabras: “En momentos que hierve la sangre y la tentación por el enfrentamiento Estado–ONG quizás sería bueno tomarse un momento de reflexión y recordar que la garantía del éxito pasa –guste o no- por un claro compromiso con la sociedad”.
[ Ediciones
Anteriores ] |
